12.1. La Transición: alternativas políticas tras la muerte de Franco. El papel del rey y el gobierno de Adolfo Suárez. El restablecimiento de la democracia: las elecciones de junio de 1977. La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías. El terrorismo durante la Transición

12.1. La Transición: alternativas políticas tras la muerte de Franco. El papel del rey y el gobierno de Adolfo Suárez. El restablecimiento de la democracia: las elecciones de junio de 1977. La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías. El terrorismo durante la Transición

  1. Los inicios de la transición

 

La Transición es la etapa que se desarrolla entre la muerte de Franco (1975) y la consolidación de la democracia, con la victoria del PSOE de Felipe González en las elecciones de octubre de 1982.

 

El 20 de noviembre de 1975 muere el general Franco y siguiendo las normas sucesorias, las Cortes coronan como rey de España a Juan Carlos I, quien en su discurso de coronación dejaba entrever la posibilidad de un futuro más democrático. Para lograrlo, el rey necesitaba rodearse de personas de confianza en los puestos claves del gobierno. Carlos Arias Navarro era Presidente del Gobierno desde 1973 y fue confirmado inicialmente por el Rey, pese a que sus relaciones no eran buenas; incluso. El Rey hace el primer cambio nombrando Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino a un progresista, Torcuato Fernández Miranda. Arias se muestra incapaz de asumir y dirigir el cambio, desbordado por la tensión social (huelgas, atentados de ETA y el FRAP…) y por la incompatibilidad con el rey, quien pidió su dimisión (junio de 1976). Según las Leyes, el Consejo del Reino tenía que proponer al rey una terna de la que el monarca elegiría a uno. Fernández Miranda, logró incluir a un joven político próximo al Movimiento (pero decidido reformista), Adolfo Suárez, que será designado por el rey.

 

El gobierno de Adolfo Suárez (junio 1976-junio de 1977) se caracterizará por su firmeza a la hora de adoptar decisiones para desmantelar la dictadura: se aprobó la Ley para la Reforma Política, se declaró una amnistía, se legalizó prácticamente a todos los partidos políticos (incluido el PCE) y se celebraron las primeras elecciones generales libres. Sin embargo, no dejaron de surgir dificultades como la violencia terrorista de extrema derecha y de extrema izquierda.

 

A las elecciones generales de junio de 1977 se presentaron numerosos partidos, como UCD liderado por Suárez, Alianza Popular presidida por Fraga (representaba a la derecha franquista), PSOE dirigido por Felipe González, Guerra), el PCE de Carrillo… Como se preveía, la UCD triunfa, pero sin mayoría absoluta. Adolfo Suárez podía volver a formar Gobierno y el PSOE se erigía como principal partido de la oposición y primera fuerza de la izquierda.

 

El PCE y Alianza Popular logran unos malos resultados porque a los españoles les recordaban a la Guerra Civil y el franquismo.

 

Suárez forma así su segundo Gobierno que continúa con el cambio con el reconocimiento de las libertades sindicales y la concesión de una nueva amnistía, que supone la excarcelación de todos los presos políticos, sin olvidar la elaboración de una nueva Constitución nacida del consenso de los partidos políticos, dada la falta de una mayoría absoluta, que se plasmará también en los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977), en los cuales la izquierda se comprometía a asumir cierta austeridad salarial (dada la crisis económica) y a reducir al máximo la conflictividad social, para lograr un clima de calma social, a cambio de un aumento de los fondos a prestaciones sociales y una reforma fiscal más profunda.

 

  1. La Constitución de 1978.

 

Las Cortes libremente elegidas por los españoles tendrán como misión fundamental y prioritaria redactar, aprobar un proyecto de Constitución. La rapidez con la que se actuó y la necesidad de un texto que no fuera excluyente, llevó a Gobierno y oposición a buscar el consenso. Tras las elecciones, los grupos políticos representados en el Congreso, designaron a siete personas para redactar el proyecto de Constitución: tres por UCD (Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón), uno por el PSOE (Gregorio Peces Barba), uno por el PCE (Jordi Solé Tura), uno por AP (Manuel Fraga) y uno en representación del nacionalismo catalán (Miguel Roca). En el otoño de 1978 las Cortes aprobaban la Constitución en el Congreso, el Senado y tras un referéndum (con la participación del 67% del censo y con un 88% de votos favorables).

 

La Constitución de 1978 responde a las siguientes características: es extensa (169 artículos y 10 títulos), rígida (resultando muy difícil su modificación para que goce de la mayor estabilidad posible) y ambigua en su articulado, pues remite a leyes posteriores continuamente.

 

Sus principales contenidos son los siguientes:

  • Soberanía nacional que reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
  • Recoge una amplia declaración de derechos y deberes, ya que define a España como “un Estado social y democrático de derecho” que incluye: mayoría de edad a los 18 años, supresión de la pena de muerte, libertad religiosa y de culto, derechos colectivos (huelga, manifestación, asociación), sociales (empleo, asistencia social, protección de la salud, del medio ambiente…). Se introduce la figura del “Defensor del Pueblo” a imagen del Ombudsman sueco.
  • Forma de gobierno: Monarquía parlamentaria. El rey es el Jefe del Estado (vitalicio y hereditario) y actúa como árbitro y moderador. Sus atribuciones, además de la representación del Estado, son la sanción de las leyes aprobadas en Cortes y en el mando supremo nominal de las Fuerzas Armadas.
  • División de poderes:
  • Legislativo reside en Cortes bicamerales (Congreso de Diputados y Senado), elegidas por sufragio universal. El Congreso tiene la primacía en el proceso legislativo y en el control al gobierno (moción de censura, investidura del Presidente…). Sus miembros son elegidos por los ciudadanos mayores de 18 años de edad mediante sufragio universal directo y secreto.
  • Ejecutivo en el Gobierno. El Presidente, una vez investido, nombra a los ministros.
  • Judicial: Consejo General del Poder Judicial, que se presenta como “Gobierno de los Jueces”.
  • Estado no confesional (pero no laico)
  • Se instituye el Tribunal Constitucional, que dirimiría la constitucionalidad de las leyes, y resolvería los conflictos del Estado con las Comunidades Autónomas, así como de los poderes del Estado.
  • El Estado español se organiza territorial y administrativamente en municipios, provincias y comunidades autónomas.

3. El Estado de las Autonomías y su evolución:

 

El Primer paso fue las preautonomías, es decir, la concesión de una autonomía provisional a regiones cuyos representantes las solicitase dándosela a Cataluña, País Vasco y Galicia.

 

Una vez aprobada la constitución entre 1979 y 1983 se fueron instaurando las distintas Comunidades Autónomas, cuyo número alcanzó las 17: en octubre de 1979 se aprobaron en referéndum regionales los estatutos, vasco y catalán.

 

El establecimiento de las autonomías acabó con el centralismo del régimen franquista y reconoció las aspiraciones de autogobierno de los grupos nacionalistas catalanes y vascos. La Constitución define las Comunidades autónomas como las provincias o agrupaciones de provincias que poseen un sistema de autogobierno y asumen determinadas funciones y competencias que se especifican en los Estatutos, quedando reguladas en la Constitución las competencias del poder central (fuerzas armadas, asuntos exteriores…) y de las Comunidades autónomas (asumen numerosas funciones en materias como sanidad, educación, obras públicas…).

 

En el aspecto económico, las regiones autónomas disponen de sus propios recursos para gestionarlos libremente. Para salvaguardar el principio de solidaridad entre las diferentes Comunidades autónomas, la Constitución establece un Fondo de Compensación económica destinado a corregir e intentar neutralizar los desequilibrios y desigualdades interregionales.

 

  1. Terrorismo.

 

 

Durante la transición hubo 485 muertes por terrorismo. En la Transición hubo terrorismo nacionalista, de extrema izquierda y de extrema derecha. Los grupos nacionalistas buscaban la secesión de algún territorio; los de extrema izquierda, provocar la revolución proletaria; los de extrema derecha querían torpedear el proceso de democratización y neutralizar la amenaza separatista de ETA.

 

Sin duda, el terrorismo que más muertes provocó fue el nacionalista (el 72% del total de víctimas del terrorismo). Y dentro del terrorismo nacionalista, destaca, sobre todos los demás, el de ETA.

 

Que las muertes se disparen tras 1977 no es casual. Son los radicales o los extremistas de ambos lados quienes empuñan las armas, insatisfechos como estaban, por motivos contrapuestos, con el resultado de la Transición. La convocatoria de elecciones fue el factor que propició la separación de los extremistas con respecto a los moderados. Los grupos más radicales, con preferencias políticas más intransigentes, decidieron no participar en el juego democrático.

 

 

  1. Los inicios de la transición

 

La Transición es la etapa que se desarrolla entre la muerte de Franco (1975) y la consolidación de la democracia, con la victoria del PSOE de Felipe González en las elecciones de octubre de 1982.

 

El 20 de noviembre de 1975 muere el general Franco y siguiendo las normas sucesorias, las Cortes coronan como rey de España a Juan Carlos I, quien en su discurso de coronación dejaba entrever la posibilidad de un futuro más democrático. Para lograrlo, el rey necesitaba rodearse de personas de confianza en los puestos claves del gobierno. Carlos Arias Navarro era Presidente del Gobierno desde 1973 y fue confirmado inicialmente por el Rey, pese a que sus relaciones no eran buenas; incluso. El Rey hace el primer cambio nombrando Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino a un progresista, Torcuato Fernández Miranda. Arias se muestra incapaz de asumir y dirigir el cambio, desbordado por la tensión social (huelgas, atentados de ETA y el FRAP…) y por la incompatibilidad con el rey, quien pidió su dimisión (junio de 1976). Según las Leyes, el Consejo del Reino tenía que proponer al rey una terna de la que el monarca elegiría a uno. Fernández Miranda, logró incluir a un joven político próximo al Movimiento (pero decidido reformista), Adolfo Suárez, que será designado por el rey.

 

El gobierno de Adolfo Suárez (junio 1976-junio de 1977) se caracterizará por su firmeza a la hora de adoptar decisiones para desmantelar la dictadura: se aprobó la Ley para la Reforma Política, se declaró una amnistía, se legalizó prácticamente a todos los partidos políticos (incluido el PCE) y se celebraron las primeras elecciones generales libres. Sin embargo, no dejaron de surgir dificultades como la violencia terrorista de extrema derecha y de extrema izquierda.

 

A las elecciones generales de junio de 1977 se presentaron numerosos partidos, como UCD liderado por Suárez, Alianza Popular presidida por Fraga (representaba a la derecha franquista), PSOE dirigido por Felipe González, Guerra), el PCE de Carrillo… Como se preveía, la UCD triunfa, pero sin mayoría absoluta. Adolfo Suárez podía volver a formar Gobierno y el PSOE se erigía como principal partido de la oposición y primera fuerza de la izquierda.

 

El PCE y Alianza Popular logran unos malos resultados porque a los españoles les recordaban a la Guerra Civil y el franquismo.

 

Suárez forma así su segundo Gobierno que continúa con el cambio con el reconocimiento de las libertades sindicales y la concesión de una nueva amnistía, que supone la excarcelación de todos los presos políticos, sin olvidar la elaboración de una nueva Constitución nacida del consenso de los partidos políticos, dada la falta de una mayoría absoluta, que se plasmará también en los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977), en los cuales la izquierda se comprometía a asumir cierta austeridad salarial (dada la crisis económica) y a reducir al máximo la conflictividad social, para lograr un clima de calma social, a cambio de un aumento de los fondos a prestaciones sociales y una reforma fiscal más profunda.

 

  1. La Constitución de 1978.

 

Las Cortes libremente elegidas por los españoles tendrán como misión fundamental y prioritaria redactar, aprobar un proyecto de Constitución. La rapidez con la que se actuó y la necesidad de un texto que no fuera excluyente, llevó a Gobierno y oposición a buscar el consenso. Tras las elecciones, los grupos políticos representados en el Congreso, designaron a siete personas para redactar el proyecto de Constitución: tres por UCD (Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón), uno por el PSOE (Gregorio Peces Barba), uno por el PCE (Jordi Solé Tura), uno por AP (Manuel Fraga) y uno en representación del nacionalismo catalán (Miguel Roca). En el otoño de 1978 las Cortes aprobaban la Constitución en el Congreso, el Senado y tras un referéndum (con la participación del 67% del censo y con un 88% de votos favorables).

 

La Constitución de 1978 responde a las siguientes características: es extensa (169 artículos y 10 títulos), rígida (resultando muy difícil su modificación para que goce de la mayor estabilidad posible) y ambigua en su articulado, pues remite a leyes posteriores continuamente.

 

Sus principales contenidos son los siguientes:

  • Soberanía nacional que reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
  • Recoge una amplia declaración de derechos y deberes, ya que define a España como “un Estado social y democrático de derecho” que incluye: mayoría de edad a los 18 años, supresión de la pena de muerte, libertad religiosa y de culto, derechos colectivos (huelga, manifestación, asociación), sociales (empleo, asistencia social, protección de la salud, del medio ambiente…). Se introduce la figura del “Defensor del Pueblo” a imagen del Ombudsman sueco.
  • Forma de gobierno: Monarquía parlamentaria. El rey es el Jefe del Estado (vitalicio y hereditario) y actúa como árbitro y moderador. Sus atribuciones, además de la representación del Estado, son la sanción de las leyes aprobadas en Cortes y en el mando supremo nominal de las Fuerzas Armadas.
  • División de poderes:
  • Legislativo reside en Cortes bicamerales (Congreso de Diputados y Senado), elegidas por sufragio universal. El Congreso tiene la primacía en el proceso legislativo y en el control al gobierno (moción de censura, investidura del Presidente…). Sus miembros son elegidos por los ciudadanos mayores de 18 años de edad mediante sufragio universal directo y secreto.
  • Ejecutivo en el Gobierno. El Presidente, una vez investido, nombra a los ministros.
  • Judicial: Consejo General del Poder Judicial, que se presenta como “Gobierno de los Jueces”.
  • Estado no confesional (pero no laico)
  • Se instituye el Tribunal Constitucional, que dirimiría la constitucionalidad de las leyes, y resolvería los conflictos del Estado con las Comunidades Autónomas, así como de los poderes del Estado.
  • El Estado español se organiza territorial y administrativamente en municipios, provincias y comunidades autónomas.

 

  1. Hacia la victoria del PSOE

 

Aprobada la Constitución era necesario convocar nuevas elecciones generales a Cortes legislativas. Y se decidió también convocar elecciones municipales para democratizar los ayuntamientos que aún seguían rigiéndose por el sistema franquista. En las elecciones generales de marzo de 1979, ganó UCD en minoría, y en las municipales, tanto PSOE como PCE obtuvieron buenos resultados y sus pactos posteriores les permitieron gobernar en las grandes ciudades.

 

Durante el nuevo gobierno de Suárez (1979-1981) podrá formar gobierno, pero sin mayoría absoluta. Fue en este período también donde la mayoría de las regiones españolas accedieron a sus respectivos Estatutos de Autonomía. Este período se caracteriza por la crisis interna de UCD (enfrentamiento entre liberales y socialdemócratas, más progresistas y los demócratas cristianos, más conservadores) que afectó a la estabilidad del gobierno y por un aumento espectacular de la escalada terrorista (85 muertos en 1978, 118 en 1979 y 124 en 1980, responsabilidad en su mayoría de ETA, GRAPO y los grupos de extrema derecha). Las acciones terroristas provocaron a su vez, la reacción de los sectores más duros del ejército, que realizaron reuniones para conspirar contra el Gobierno y dar un golpe de Estado, como la fallida “Operación Galaxia” (1978).

 

Esta compleja situación llevó a la dimisión de Suárez en febrero de 1981, por lo que el Congreso de los Diputados votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Mientras se realizaba ésta, el 23 de febrero un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero, asaltaron el Congreso y secuestraban al Gobierno en pleno, un intento de golpe de estado cuya intención era lograr el apoyo unánime de las capitanías generales de toda España y el levantamiento de las principales guarniciones. Solo Milans del Bosch lo hizo en Valencia, mientras el resto decidió esperar la reacción del Rey, que reafirma su voluntad de hacer respetar la Constitución y el orden democrático. En la mañana del 24 de febrero las fuerzas asaltantes abandonaron el Congreso.

 

La decisiva intervención del rey aumentó su credibilidad ante los españoles, y Leopoldo Calvo Sotelo fue investido presidente del Gobierno (febrero de 1981-octubre de 1982) El nuevo Presidente del Gobierno tuvo que afrontar una situación verdaderamente difícil con un UCD cada vez menos cohesionado (Suárez formará con una escisión del partido el CDS), la oposición socialista con un claro y amplio respaldo popular, que protestará la incorporación de España a la OTAN (1982), o la aprobación de la Ley de Divorcio que le granjeó la oposición de los sectores más conservadores de su partido y de la derecha.

 

Calvo Sotelo tuvo que disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas para octubre de 1982, produciéndose un vuelco en el panorama electoral: el PSOE gana las elecciones y AP se convierte en el principal partido de la oposición, con el descalabro de UCD. Felipe González forma gobierno, el primero enteramente socialista en la Historia de España. Con este hecho se ha querido ver el final de la Transición hacia la democracia, en tanto en cuanto el franquismo se considera definitivamente superado al entrar en el gobierno un partido y unas personas que habían pertenecido abiertamente a la oposición al régimen.

 

  1. El Estado de las Autonomías y su evolución:

 

El Primer paso fue las preautonomías, es decir, la concesión de una autonomía provisional a regiones cuyos representantes las solicitase dándosela a Cataluña, País Vasco y Galicia.

 

Una vez aprobada la constitución entre 1979 y 1983 se fueron instaurando las distintas Comunidades Autónomas, cuyo número alcanzó las 17: en octubre de 1979 se aprobaron en referéndum regionales los estatutos, vasco y catalán.

 

El establecimiento de las autonomías acabó con el centralismo del régimen franquista y reconoció las aspiraciones de autogobierno de los grupos nacionalistas catalanes y vascos. La Constitución define las Comunidades autónomas como las provincias o agrupaciones de provincias que poseen un sistema de autogobierno y asumen determinadas funciones y competencias que se especifican en los Estatutos, quedando reguladas en la Constitución las competencias del poder central (fuerzas armadas, asuntos exteriores…) y de las Comunidades autónomas (asumen numerosas funciones en materias como sanidad, educación, obras públicas…).

 

En el aspecto económico, las regiones autónomas disponen de sus propios recursos para gestionarlos libremente. Para salvaguardar el principio de solidaridad entre las diferentes Comunidades autónomas, la Constitución establece un Fondo de Compensación económica destinado a corregir e intentar neutralizar los desequilibrios y desigualdades interregionales.

 

  1. Terrorismo.

 

 

Durante la transición hubo 485 muertes por terrorismo. En la Transición hubo terrorismo nacionalista, de extrema izquierda y de extrema derecha. Los grupos nacionalistas buscaban la secesión de algún territorio; los de extrema izquierda, provocar la revolución proletaria; los de extrema derecha querían torpedear el proceso de democratización y neutralizar la amenaza separatista de ETA.

 

Sin duda, el terrorismo que más muertes provocó fue el nacionalista (el 72% del total de víctimas del terrorismo). Y dentro del terrorismo nacionalista, destaca, sobre todos los demás, el de ETA.

 

Que las muertes se disparen tras 1977 no es casual. Son los radicales o los extremistas de ambos lados quienes empuñan las armas, insatisfechos como estaban, por motivos contrapuestos, con el resultado de la Transición. La convocatoria de elecciones fue el factor que propició la separación de los extremistas con respecto a los moderados. Los grupos más radicales, con preferencias políticas más intransigentes, decidieron no participar en el juego democrático.